LA “GRAN REDADA” Y PROYECTO DE EXTERMINIO DE LOS GITANOS DE 1749

La planificación

En 1721, con la creación por parte del Consejo de Castilla de la Junta de Gitanos, se llegó a la conclusión, no sólo del fracaso de la reciente Pragmática de 1717, sino también de toda la política seguida hasta entonces hacia esta minoría étnica. Como principal explicación que llevó a esta conclusión, se centró en el inconveniente que suponía la inmunidad eclesiástica para obtener una prisión general. Un inconveniente que se solventó en 1748 gracias al despacho del nuncio papal en España. Es entonces, cuando el Consejo de Castilla, con su presidente Gaspar Vázquez de Tablada al frente, acordó el arresto de “todos”  los gitanos para “sacarlos de España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de América”.

Sin embargo, conocedor el marqués de la Ensenada, a quien se le encargó la logística de la redada general a efectuar a las doce de la noche del 30 de julio de 1749, que igual medida había fracasado en Portugal, expuso las dificultades que presentaba una expulsión, por lo que el Consejo acabó acordando transformar el proyecto en un “exterminio” biológico.

En junio de 1749, Ensenada ya tenía prácticamente diseñada una redada con la que poder capturar el mayor número posible de gitanos y gitanas de todas las edades. Para ello, se basó en los padrones confeccionados con motivo de la Real Orden de 30 de abril de 1745 y sus posteriores recordatorios. Sólo faltaba la autorización del rey Fernando VI, cuya frágil conciencia podía suponer un impedimento para el desarrollo del proyecto. Para vencer cualquier tipo de reticencia real, el Consejo de Castilla justificó la medida a ejecutar, como el único y “preciso remedio” el “exterminarlos de una vez”, para de esta forma, “contener el vago y dañino pueblo que infecta a España”.

Dada la autorización real, el carácter universal con que se debía realizar la redada se destacó en las instrucciones de captura y en los listados de familias avecindadas:

“Habiendo resuelto el rey se recojan para destinar como lo tenga por conveniente todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado, ni edad”.

El 5 de julio, el monarca firmó la Real Orden, y tres días más tarde, Ensenada envió las instrucciones de la operación a los tres intendentes de Marina, junto con la relación de los lugares y destacamentos militares designados para desarrollar la operación. Los aspectos económico y logístico también fueron minuciosamente previstos, detallándose incluso la tropa y sus mandos, suponiendo una fuerza comprendida entre los cuatro y cinco mil militares. A éstos, que hay que añadir al menos otros quince mil efectivos procedentes de las diferentes jurisdicciones municipales; alcaldes, alguaciles, pregoneros, carceleros, etc. En total, unos veinte mil efectivos para cumplir la orden de captura y posterior conducción a los centros de concentración o “depósitos provisionales”.

Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, sign. A, Caja158/10

La redada del 30 al 31 de julio de 1749

Llegado el día 30 de julio y una vez llegados los destacamentos militares a sus objetivos; corregidores, alcaldes y oficiales, abrieron las órdenes y se dispusieron a ejecutarlas “de acuerdo, en la mejor armonía y buena correspondencia”. Seguidamente se formaron las partidas con las instrucciones y los listados de las personas sobre las que se debía de actuar, dio comienzo la operación a las doce de la noche del 30 de julio de 1749, momento en que se prendió y sacó de sus hogares a todos los gitanos y gitanas para separarlos a continuación por sexos.

En caso de que alguno lograra refugiarse en sagrado, se le desalojaba mediante caución juratoria, con la que abades, párrocos y demás autoridades eclesiásticas no podían oponerse a la acción de las justicias seglares. En caso de que alguno lograra huir, se dio orden de que se debía perseguir, a fin de que no quedara “en libertad, rastro de gitano de los dos sexos”.

Respecto a los bienes que se les hallaran a los gitanos, se dispuso que en cada una de las partidas de captura hubiera un escribano, para que tras las detenciones y cierre de las casas para impedir su saqueo, inventariara “todos los bienes raíces, muebles o dinero” que se hallaran, y poder tras su posterior subasta, costear la propia operación.

Aunque la redada se diseñó para ejecutarla a una misma hora y un mismo día en toda España, al estar los padrones incompletos, a zonas geográficas de Almería, Málaga, Cádiz, y sobre todo toda Cataluña, no llegó la Orden, debiendo Ensenada renovarla para acometer la operación en estos lugares a lo largo de la segunda mitad del mes de agosto. En Andalucía, especialmente en los reinos de Sevilla y Granada, se produjo el mayor número de capturas. En total, entre la madrugada del 31 de julio y finales del mes de agosto, alrededor de 9.000 personas quedaron afectadas directamente por la Orden de prisión.

Los gitanos apenas se resistieron, incapaces de sospechar el destino que el Consejo de Castilla había reservado para ellos. Esta aparente sumisión fue bien palpable en lugares como Vélez Málaga, donde a la llegada de los soldados, sus vecinos gitanos, conocedores de los sucedidos en otras poblaciones y sin esperar a ser capturados, se dirigieron a la cárcel de la localidad, manifestando ante el asombro de los militares, que “ya sabían se les habían de prender, y que desde luego venían a que S.M. les mandase donde había de ir”.

Cadena de presos. Grabado francés del siglo XVIII. Colección M. Martínez

Los destinos provisiones para los cautivos

En un principio, a causa de que no se tenía decidido el destino que se les había de dar, todos los gitanos que lograron capturarse se enviaron a fortalezas y a espacios públicos como calles y plazas acotadas. Lugares improvisados que presentaron numerosos inconvenientes relacionados con la salubridad y la seguridad. Ensenada sólo tenía decidido el empleo que se les debía dar a los varones mayores que contaran con siete años arriba, pues imbuido en su plan de reconstrucción naval, quiso aprovechar la mano de obra barata que supuso la esclavitud de millares de presos para tal fin, por lo que los arsenales se convirtieron en su único destino. En cambio, en el caso de las mujeres con sus hijos menores de siete años, ignorante de la infraestructura industrias y de instituciones benéficas, se olvidó de ellas, así como de los hombres que se declararon inútiles para el trabajo.

Resistencia gitana y replanteamiento del Proyecto de Exterminio

Supera la conmoción inicial de la pérdida de libertad y separación de las familias, los gitanos, y especialmente las mujeres gitanas comenzaron a contestar la agresión sufrida a través de la adopción de una serie de estrategias de resistencia mediante motines y numerosas quejas. A todo ello vino a añadirse las críticas desde diferentes sectores ante una medida tan desproporcionada, algo que llegó hasta Francisco Rávago, confesor del rey, quien transmitió al rey la desmesura cometida. En su consecuencia, Fernando VI transmitió su malestar al Consejo, el cual convocó con urgencia una nueva Junta de Gitanos el 7 de septiembre, esta vez bajo la supervisión de Rávago, quien criticó con dureza la improvisación y la universalidad con que se ejecutó la redada. El Consejo de Castilla recondujo entonces el proyecto y lo centró exclusivamente en los gitanos contraventores, disponiendo en el capítulo sexto de la Real Orden de octubre de 1749, la libertad a todos aquellos que acreditaran su buena forma de vida. Los que no pudieron “justificar lo necesario para su libertad”, bien por carecer de medios económicos, por hallarse solos o no tener conocidos influyentes, quedaron retenidos, siendo distribuidos los varones mayores de siete años a los arsenales, en tanto a los más pequeños se les permitió permanecer con sus madres hasta cumplir dicha edad, momento en que pasaban a las maestranzas de los arsenales, conforme Ensenada había previsto. Las mujeres en cambio quedaron en espera a ser concentradas en casas de misericordia y edificios habilitados para su reclusión y ejercicio en labores textiles.
Casi cuatro mil personas pasaron a los destinos definitivos, hasta que Carlos III las rescató del olvido y concedió en 1765 su indulto, medida tardía, pues ya se había causado una profunda brecha entre ambas comunidades.