Poco a poco, la Historia del Pueblo Gitano va ocupando el espacio que le corresponde dentro de la Historia de España. Hace falta que esta dinámica alcance a la totalidad de las historias locales. Una labor fundamental de historiadores gitanos y no gitanos.
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Los gitanos, una minoría perseguida
Los gitanos llegaron a la Península atravesando los Pirineos. La primera referencia documental de su presencia data de 1425, cuando fueron recibidos por el futuro Alfonso V de Aragón. Acogidos como peregrinos en dirección a Santiago de Compostela, practicaron desde entonces una constante itinerancia. La presencia en tierras almerienses de una forma más o menos estable, se debió iniciar a comienzos del siglo XVI en zonas limítrofes con el antiguo reino de Murcia. Los datos más remotos los hallamos en Huércal-Overa, donde el 18 de agosto de 1565 fue bautizado Martín, hijo de Manuel Pinto y de Ana de Grecia. Con posterioridad encontramos nuevos bautizos en Cuevas de Almanzora en 1573, año en el que también se constata presencia gitana en la vecina Vera.
Desde el reinado de los Reyes Católicos, una y otra vez, diferentes leyes intentaron forzar un avecindamiento al que, no obstante, muchos municipios pusieron obstáculos. Una circunstancia que parece no concurrió en el alto y bajo Almanzora, donde el asentamiento se mostró estable durante la época de los Austrias.
Siempre bajo el riesgo de ser expulsados, no ya de sus vecindades, sino también de los territorios pertenecientes a la corona española, los varones adultos se convirtieron en víctimas propiciatorias cada vez que surgían urgencias de forzados para galeras. La prohibición de salir sin licencias de sus lugares de residencia, la de vestir su traje, hablar su lengua, usar sus costumbres y ejercer oficios distintos a la de la labranza, colocaron a la comunidad gitana al mismo nivel de los fuera de la ley.
Política represiva de los primeros borbones (1700-1765)
Finalizada la guerra de Sucesión, Felipe V heredó de los Austrias su política antigitana. Reconducida ésta hacia la creación de vecindarios cerrados, se constató la ineficacia de una y otra. En consecuencia, se creó en 1721 la llamada Junta de Gitanos para tratar la estrategia más efectiva, hallada solo dos años más tarde, cuando se mostró partidaria de la expulsión. Poco después, el Consejo de Castilla acordó el arresto general para “sacarlos de España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de América”. Sin embargo, tras recabar informes a Lisboa, el Consejo supo del fracaso que había supuesto en Portugal la expulsión de sus “ciganos”, por lo que decidió emprender un exterminio biológico, consistente en la separación física de hombres y mujeres a fin de impedir su reproducción.
En junio de 1749, la redada para capturar a todos los gitanos y las gitanas de todas las edades ya se hallaba diseñada a partir de los padrones confeccionados años antes. La operación se puso en marcha en secreto, aunque de forma desigual, lo que permitió a muchos vender rápidamente sus pocos bienes y esconderse. En Almería se logró “la prisión de todos sin excepción de alguno”. Separados por una parte los hombres y los niños mayores de siete de años, y de otra las mujeres y los niños menores de esa edad, fueron encaminados hacia la Alcazaba de Almería, en donde se fueron concentrando el resto de las víctimas de las redadas efectuadas en los pueblos pertenecientes al corregimiento almeriense, llegando a encerrarse en la fortaleza unos dos centenares de gitanos de todas las edades.
Diez días más tarde, el ministro Ensenada ordenó enviarlos a Granada, en donde sus autoridades debían hacerse cargo de ellos. Una vez en la capital nazarí fueron instalados en la Alhambra, donde no dejaron de estar separados por sexo y edad. A ellos se fueron juntando las demás víctimas capturadas en el reino granadino. Los hombres en su Alcazaba y las mujeres en el patio del palacio de Carlos V. Finalmente los hombres fueron encerrados en el arsenal de La Graña, en Ferrol, y las mujeres en la casa de la Misericordia de Zaragoza. Decretado que debían permanecer cautivos hasta su muerte, con la convicción de no tener nada que perder, se empeñaron en constantes intentos de fuga.
Relajación persecutoria de Carlos III: la pragmática de 1783
El proyecto de exterminio no constituyó el punto final de la represión hacia el pueblo gitano. Las restricciones continuaron y fueron ahondando la separación entre este grupo étnico y el resto de la sociedad. Finalmente, en 1783 acabaría promulgándose la última pragmática represiva, pues a pesar del intento de eliminar la diferenciación legal existente entre los gitanos y el resto de los vasallos del rey, mantuvo diversas restricciones y acabó siendo papel mojado.
En ellas se determinaban algunas medidas inclusivas para favorecer su integración: se les permitió la libre elección de oficio y el derecho a formar parte de gremios y cofradías. Salvo estos retoques favorables a los gitanos, la represión sobre el pueblo gitano persistió alentada por la desconfianza y la presunción de culpabilidad. Igualmente, se mantuvo su registro en padrones específicos, una medida que se confirmó por real orden de 1784. Según éste, la población total en la provincia de Almería ascendía a 744 personas (el 6,15% del total nacional, un alto porcentaje que da idea de la importancia que tuvo el asentamiento almeriense).
