EL ANTIGITANISMO DEL PADRE SANCTI SPÍRITUS Y EL DEBATE DE LA EXPULSIÓN (1610)

“En las villas de Navares del Medio y de Navares de las Cuevas, han estado y están gitanos que con sus robos, latrocinios y muertes, tienen escandalizados y distraída la tierra. Como hay remedio para dichas insolencias y pecados, hállalo para esto, mandando que salgan del reino como salen los moriscos, porque en esto recibirá el reino gran beneficio, así en lo temporal como en lo espiritual, porque demás que son manifiestamente ladrones, viven con mal ejemplo, enseñan malas costumbres y dan bastante sospecha. Si tienen, será particular, puesto que no viven como cristianos. Además de esto, hay presunción que muchos de los que andan como gitanos son moriscos. Y aunque es verdad que por las leyes y pragmáticas del reino tienen los tales, grandes penas por solo ser vagantes y gente perjudicial, pero la mucha astucia que tienen en huir, disfrazarse, declinar jurisdicciones y engañar a las mismas justicias, es causa que no se ejecute cosa alguna en ellos y estén siempre los daños en pie, particularmente andando ellos como andan de ordinario por aldeas de poca vecindad. Excusándose con decir que tienen oficios, y los que tienen de ordinario, es hacer barrenas y otros instrumentos más a propósito para sus robos que para su sustentación. Y dado caso que la última Pragmática que contra ellos se publicó en Madrid el año pasado (de que labrasen la tierra), que hicieron avecindarse en algunos hogares, sería imposible que dejen por eso de robar y de ser ladrones, por la natural inclinación y mal hábito que tienen, y con que de pequeños se crían. Y así será importantísimo usar con ellos del rigor que se ha usado con los moriscos”.

COMENTARIO Para entender el contexto que justificó el memorial del padre Sancti Spíritus, hay que remontarse al reinado de Felipe II, pues marcó el devenir de la represión que se desarrollaría a lo largo del siglo XVII, ya que además de impulsar la pena de galeras, en 1586 limitó las actividades comerciales de los gitanos, prohibiéndoseles cualquier venta que no estuviera registrada en un testimonio público; y en caso de hacerlo así, todo aquello que vendieran se consideraría robado. Poco más tarde, tras las propuestas que en marzo de 1594 presentaron Jerónimo de Salamanca y Martín de Porras en las Cortes de Castilla, con el propósito de ejecutar un exterminio biológico, el asunto gitano quedó en manos de una comisión que se encargara lo que se debía hacer. Mientras tanto, se mantuvieron las restricciones en abril del año siguiente, entre ellas, la denegación de licencias de salidas por parte de las justicias del reino, a fin de consolidar los vecindarios cerrados. Una política represiva que sin embargo, no era suficiente para procuradores como Juan Suárez, representante por la ciudad de Cuenca en Cortes, quien el 5 de abril de 1596, pidió que los moriscos y gitanos se repartieran por vecindades y se ejercitaran exclusivamente en el campo, donde debían servir “a labradores y criadores”; una propuesta que constituyó el primer intento por reducir al gitano al trabajo de la tierra, como única ocupación posible para su supervivencia. Igualmente, Castillo de Bovadilla en su Política para Corregidores… publicada al año siguiente, aunque no habla de destinar a los gitanos a la labranza, sí aconsejó a las justicias y corregidores, que no se consintieran en sus jurisdicciones, a aquellos gitanos y gitanas que se hallaran “sin amos, o sin oficios”. Tras una engañosa tregua que dio un pequeño respiro a la comunidad gitana, a partir de 1603 se volvió a recrudecer el acoso en el seno del Consejo de Castilla, en donde se presentó un memorial pidiendo agravar las penas previstas para contener los “excesos” de los gitanos; y, sólo tres meses más tarde, otra exposición similar incidió en que los gitanos no constituían un grupo étnico, sino gente vagabunda que tomaban esa forma de vida dedicada a todo tipo de delitos y hurtos, haciendo mucho daño a los labradores. En julio de ese mismo año, en las Cortes de Valladolid celebradas entre 1603 y 1604, se estudió un memorial proponía nuevamente un exterminio biológico por medio de la separación por sexos de los diferentes miembros de la comunidad gitana, a fin de que las mujeres sólo pudieran engendrar con personas no gitanas. En cuanto a los hijos, una vez separados de sus padres, debían ser educados cristianamente, para que una vez cumplidos los diez años, ser puestos a aprender un oficio. El proyecto, aunque no se aprobó, sí resucitó el proyecto de expulsión, solicitándose el 7 de julio de ese año al rey, que fuera “servido de mandar, agravando las penas, se salgan de estos reinos dentro de un breve tiempo, porque demás de quitar este abuso de gitanos, muchos que se valen del nombre para ejecutar sus malas inclinaciones”. El gitano, considerado incorregible por ser natural en él cuantos defectos se le achacaban, parecía estar irremediablemente condenado a abandonar forzosamente los territorios de la corona. Un destino que por el momento pudo sortear, al pasar el tema gitano a un segundo plano, al darse prioridad a la cuestión morisca. Aun así, el hostigamiento, aunque con menos intensidad, se mantuvo a través de personajes como Alonso de Ulloa, regidor de la localidad de Toro y representante de esta ciudad en las Cortes de Castilla, al proponer en 1607 “para el remedio de los gitanos”, se volviera a reactivar la cuestión gitana, consiguiendo que se nombrara una comisión, que formada por Juan Coello de Contreras y García de Porras, redactara un informe sobre la forma más conveniente con qué actuar.

En tanto dicha comisión estudiaba las medidas a emprender, las quejas no dejaron de llegar, lo que como en ocasiones anteriores, volvían a reabrir nuevas y viejas propuestas; en este caso, la súplica elevada al rey, pretendió que se dispusiera lo conveniente “para que los gitanos salgan de estos reinos, con que cesarán los daños y robos que hacen”. Sin embargo, estándose en espera de que la comisión emitiera un informe, que hasta 1609 se demoró. Un año que fue crucial en la historia del Pueblo Gitano, ya que la solución asimiladora comenzó a ganar peso, en contra de la expulsión o el exterminio biológico, tal como parece entreverse en la disposición que en agosto de ese año dio la Sala de Alcaldes de Corte de Madrid, a fin de que el “gran número de gitanos y gitanas” que se decía vagaban sin trabajo conocido por dicha Corte, se les dedicara a “oficios tocantes a la labranza y cultura de la tierra y no puedan ser trajineros ni hacer oficio de mercaderes ni de ningún género de mercancía ni tengas tiendas de mercería ni de otras cosas”. Como respuesta a esta disposición, el Consejo mandó condenar a galeras a todos aquellos que tuvieran por culpa ejercer un empleo diferente al cultivo de la tierra, mientras que las Cortes de Castilla, sólo se limitaron a reiterar se vigilaran las costumbres de los gitanos para ver si cumplen los mandamientos de la Iglesia. A pesar de estas tibias medidas, la expulsión de los gitanos tomó cuerpo nada más concluir la que se realizó con los moriscos, por cuanto Felipe III acabó aceptándola en el verano de 1610, al considerar que “andan en España mucha cantidad de Gitanos y particularmente por acá en Castilla, y por ser gente tan perniciosa y que solo trata de hurtar”. Una decisión que el duque de Lerma se encargó de trasladar al Consejo de Castilla, al tiempo que expresaba su duda sobre si habría que encargarse la operación al Consejo de Estado o a la Sala de Gobierno, en cuyo último caso, debería encargarse la operación al conde de Salazar, quien había realizado con éxito la de los moriscos, así como, por estimar que con los gitanos era necesario emplear “mayor rigor, por ser gente perdida y que de ordinario viven en el campo”. También en esta ocasión, el Pueblo Gitano pudo eludir no obstante la expulsión, ya que acabó siendo desechada por los nefastos efectos que produjo la de los moriscos. Una crisis demográfica que se agravó por las epidemias de peste. La despoblación del campo fue tal, que se quiso solventar con mano de obra gitana, para lo que se restringió su actividad laboral únicamente a las labores del campo, sin tenerse en cuenta, su desconocimiento de las técnicas agrícolas, y sobre todo, su imposibilidad económica para acceder a la propiedad de la tierra. De esta forma, la repoblación del reino de Granada acabó convirtiéndose en una gran oportunidad perdida –como lo será también con ocasión de la colonización de Sierra Morena-, al empeñarse la Corona en mantener su política represiva para eliminar la otredad gitana, sin preocuparse por facilitar mecanismos con las que superar la gran paradoja que suponía la obligación de avecindarse y el rechazo vecinal para obtener dicha vecindad, por considerarles indeseables. Además, tampoco hubo facilidades para afrontar la precariedad del mercado laboral, ya que reducidos a la condición de braceros, quedaron a expensas de las crisis agrarias y los patrones, siempre reacios a contratar a los gitanos. De esta forma, el gitano quedó sometido a la disyuntiva de transgredir la ley para poder sobrevivir, o acatarla y quedar a expensas de las hambrunas que de forma intermitente asolaban la Península, sin posibilidad de buscarse la vida en otros lugares donde no hubiera escasez, como lo hacían sus vecinos no gitanos, sin ninguna restricción de movimientos.