Una historia, un olvido... el discurrir invisible de lo que existió y se desconoce

Este espacio pretende entender la historia como una disciplina que proporciona, tanto la información como los instrumentos necesarios para conocer el pasado, pero también como una herramienta para comprender al "otro", a nosotros mismos y a la sociedad del presente en la que interactuamos.

Conocer la historia de los gitanos españoles es esencial para eliminar su invisibilidad, entender su situación en la sociedad y derribar los estereotipos acuñados durante siglos.

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miércoles, 1 de abril de 2020

EL TIFUS EXANTEMÁTICO Y EL CONTROL SANITARIO SOBRE LOS GITANOS EN LA POSGUERRA. UNA EXCLUSIÓN SOCIAL LEGITIMADA (1938-1942)


Es consecuencia obligada de todas las guerras una época de privaciones que pueden dar origen a graves alteraciones sanitarias de forma epidémica. Y entre ellas, ocupa lugar preferente la transmitida por el piojo del cuerpo y cabeza, para cuya reproducción, se dan las condiciones óptimas en el hacinamiento y desaseo. Precisa combatir con la mayor energía la suciedad y parasitismo para cuyo fin deben actuar de policías sanitarios todos los ciudadanos con interés colectivo y estímulo egoísta…
4º.- En cuanto a gentes con manifiesto desaseo y parásita habitualmente como vagabundos, pordioseros y gitanos, se evitará con toda energía por las fuerzas de la guardia civil limítrofes con otras provincias, la entrada en la nuestra y en ésta, el cambio de domicilio de unos a otros pueblos, puesto que en sus frecuentes desplazamientos dificultan su control sanitario, dando con ello origen a la difusión de enfermedades infectocontagiosas.
BOP Almería, nº 77 (05/04/1941), pp. 1-2.
Jefatura Provincial de Sanidad
CIRCULA R NUM. 664


COMENTARIO:
La epidemia de tifus exantemático desarrollada durante los últimos años de la guerra y primeros de la posguerra, se produjo dentro de una coyuntura sociopolítica repleta de penurias económicas y represiones políticas. En este contexto, el bando vencedor justificó y legitimó el nuevo régimen surgido del golpe de estado del 18 julio de 1936. Paralelamente, al objeto de reforzar dicha represión, se desarrollaron diferentes estrategias para consolidar el dominio de las poblaciones que iban cayendo en su poder. Se hizo entonces imprescindible, el establecimiento de un control efectivo sobre las personas y los espacios.
Uno de los instrumentos empleados para lograr este objetivo, se centró en las campañas realizadas para erradicar el tifus exantemático. Una estrategia que amparada por la impunidad que ofrecía un régimen dictatorial, y que acabó resultando muy eficaz, especialmente en territorios que habían sido leales a la República, y en los que tras la guerra, persistió operativa una importante guerrilla antifranquista.
Entre las causas que propiciaron la aparición de la epidemia de tifus, José Alberto Palanca, Director General de Sanidad entre 1939 y 1957, apuntó la posibilidad de que hubieran sido transmitidas por las tropas procedentes del norte de África, ya que según comentó: “durante nuestra guerra, toda la faja costera del norte de África era un vivero de tifus exantemático, y no se puede olvidar que de esta zona venían constantemente voluntarios a engrosar nuestras filas”[1]. Otra cosa fue la facilidad con que se extendió por la Península, debido principalmente a la debilidad que presentaba una población que había sufrido el hambre y las múltiples carencias que trajo consigo la guerra, y que hizo que las diferentes epidemias que se fueron sucediendo, se cebaran especialmente entre los pobladores más pobres, que mal nutridos, sin agua, electricidad y sin las más mínimas condiciones higiénicas -el jabón era escaso de por sí en todo el país-, eran víctimas propicias[2].
Los gitanos, sumidos en barrios marginales y carentes de todo tipo de servicios básicos, sufrieron el azote de todo tipo de epidemias, dejando de ser víctimas, para pasar a ser considerados agentes peligrosos de transmisión de enfermedades. Se dictaminó entonces su exclusión social, a través del control de sus movimientos y la revitalización de la tradicional política de represión heredada de otros tiempos. Se acentuó entonces, el rechazo y la desconfianza hacia su presencia, lo que a su vez, justificó la activación de los viejos mecanismos empleados en la instauración del orden público y del bien común. Una aplicación para la que se facultó a la Guardia Civil, que como depositario de las prerrogativas, quedó autorizada a ejercer su cometido con mano dura en cuantas inspecciones consideraba oportunas, tanto a caravanas trashumantes, como en hogares gitanos. Son numerosos los testimonios que describen el abuso de poder con que obraban sus efectivos. Una actuación que básicamente tenía la finalidad de infundir el temor y el respeto necesarios para mantenerlos sometidos.
               El denominador común de cada una de estas “visitas” se traducía en humillaciones y menosprecios, como el de asaltar impunemente las casas y cometer todo tipo de tropelías, ya fuera propinar una patada al puchero donde se hacía la comida, o golpear a quien se le antojara. Unos atropellos que han quedado testimoniados en los libros de Eusebio Rodríguez Parrilla y María Dolores Fernández. Entre los testimonios más sobrecogedores, podemos citar el de Manuel Martín Alameda, quien describía cómo “la Guardia Civil cuando nos veían con la madera, nos la quitaban; además, entraban a la casa sin llamar a la puerta. Si veían una radio o una televisión, se las llevaban y se las rompían”[3]. Más truculenta resulta la relación de Cándido Heredia, quien afirmaba cómo la Benemérita les trataba muy mal, y cómo “a las mujeres no las dejaban vestir a su manera, les cortaban el pelo y las violaban”[4]. Rosa Vázquez relata también que los civiles pegaban a los niños, y en ocasiones, les obligaban a pelearse entre ellos para su regocijo[5]. Por último, Eulogia Muñoz cuenta cómo “si te pillaban por los caminos te daban una paliza y te dejaban allí tirado (…). A cada paso te pedían los papeles, y si en el pueblo robaban una gallina o algo en un cortijo, siempre encerraban al primer gitano que pillaban”[6].

A pesar de los innumerables abusos cometidos, ya fuera la Guardia Civil o la Policía Armada, muchos gitanos han considerado que el general Franco fue benévolo con ellos. Y lo creen erróneamente, por suponer que el dictador rechazó en Hendaya, la petición de Hitler de enviar los gitanos españoles a los campos de concentración nazis. Otros, tienen también la convicción de que ya en la posguerra, Franco se opuso a la idea de Carrero Blanco para recluirlos a una isla, posiblemente Fernando Poo[7]. De ambas suposiciones no existe prueba documental alguna que las confirme; sí en cambio, lo que sí resulta constatable, es que el franquismo mantuvo la secular criminalización del gitano, e incluso, la agravó.
               Aunque, salvo los artículos de la Guardia Civil referidos al control en los caminos, no se legislaron disposiciones específicas contra los gitanos; éstos, fueron víctimas de la ambigüedad y la arbitrariedad de las leyes emanadas durante el periodo franquista. Primeramente, a través de la supervivencia de la Ley de Vagos y Maleantes republicana, con la sola novedad de crearse en marzo de 1937, un registro centralizado de individuos de ambos tipos delictivos. Una decisión que acabó vinculando a los condenados por delitos comunes, con aquellos individuos que fueron contestatarios con el régimen; de tal forma, que al combatir lo que se llamó “la degeneración de la raza española”, se interpretó esto como un instrumento para reprimir y excluir de la sociedad, a todos aquellos que, según la clasificación racial y social de la época, estaban encasillados como sujetos potencialmente peligrosos, entre los que se hallaban incluidos los gitanos.
No conocemos la empatía y la opinión personal que el general Franco tendría respecto a los gitanos. Desde luego, sí fue conocedor del tratamiento que Hitler les daba, tanto en Alemania como en los territorios ocupados por sus tropas. Un genocidio que desde 1937 se había intensificado y extendido sin rubor alguno, y del que los periódicos republicanos españoles se hicieron eco. Una doctrina racista que establecía razas superiores e inferiores, y que estuvo planeando en el ideario de los falangistas a lo largo de todo el desarrollo de contienda. Tanto, que estuvo a punto de concretarse sobre el papel en 1938, cuando en Salamanca, la Falange Española y Tradicionalista y de la JONS[8], a través de su Delegación Nacional de Justicia y Derecho, pretendió imponer su ideario racista en uno de los capítulos del Anteproyecto de Código Penal de 1938[9].
La identificación plena entre la enfermedad contagiosa y el gitano venía de antiguo[10], y las autoridades sanitarias y políticas siguieron en esa convicción estableciendo un cordón sanitario, exteriorizado especialmente a través de las campañas de vacunación, en las que se obligaba “vacunar y revacunar a los gitanos, quincalleros, mendigos y gente trashumante que se encuentren en cada municipio”[11]. Un recordatorio que se reproduciría año tras año, incluso antes de finalizar la guerra[12]. Para su cumplimiento, se facultó a gobernadores civiles con la potestad de prohibir “la entrada y la circulación en las poblaciones, de gitanos, nómadas pordioseros, etc. que no vayan vacunados”[13].
Desde noviembre de 1939, los gitanos no dejaron de ser objeto de sistemáticas redadas, con el objeto de ser internados en centros con escasas condiciones, tanto para su tratamiento como para su propia estancia. Una de las primeras campañas de despiojamiento de la posguerra, tuvo lugar en diciembre de ese año en Palencia, donde su Gobernador Civil dispuso una “especial vigilancia” sobre los gitanos y demás elementos nómadas y marginales: “mendigos, quincalleros, gitanos, vendedores ambulantes”, a todos los cuales se les acusaba de ser gente vagabunda y descuidada en “su limpieza personal o familiar”, que por “su frecuente caminar, de uno a otro rincón, pueden ir sembrando su paso de piojos, si en su vivir andariego no rinden el culto debido al agua y al jabón”[14].
Los viejos prejuicios antigitanos quedaron encuadrados dentro del grupo social compuesto por las “gentes con manifiesto desaseo y parasitada habitualmente”; es decir, los “vagabundos, pordioseros y gitanos”. Sujetos “peligrosos” sobre los que debía realizarse una labor de vigilancia y control. Una misión, que como ya hemos apuntado, recayó en la Guardia Civil, encargada por cada Gobernador Civil provincial, de ejecutar sus órdenes respecto a las entradas y salidas de cualquier gitano, especialmente, en cuanto al “cambio de domicilio de unos a otros pueblos”, por suponer “que en sus frecuentes desplazamientos, dificultan su control sanitario, dando con ello origen a difusión de enfermedades infecto contagiosas”. Como solución, una vez más, al gitano se le vio como un ente colectivo y no individual, por lo que como medida preventiva, se dispuso que “todo desaseado que llegue (…), además de pelado y despiojado”, debía quedar “controlado sanitariamente durante veinte días”[15].
Una medida profiláctica que Franco la trasladaría al campo político-social, con el pretexto de la vigilancia de elementos sociales dañinos y pervertidos, que podían representar potencialmente un “peligro de contagio para todos”, que acabarían envenenando política y moralmente al resto de la población[16]; motivo por el quedaba justificada la necesidad de tratarlos aun ejerciendo “la fuerza, para conseguir salvar a España y para darle días de grandeza”[17].
Por otra parte, la criminalización ejercida sobre los gitanos, acabó institucionalizándose sobre la base de la “diferencia”, o sea, de su supuesta especificidad de la delincuencia gitana que se relacionaba con determinados delitos: robo de caballos, mendicidad, estafas, hurto en tiendas, etc., pero especialmente en el comercio de caballerías, que como principal ocupación tradicional de los gitanos en el campo, fue objeto de un infundado recelo, de la sospecha sobre una actividad que podía encubrir el robo de caballerías. Una propiedad, que en el contexto de la pobreza de la España de los años cuarenta, suponía una valiosa herramienta de trabajo, que la Guardia Civil debía salvaguardar[18], por lo que en su reglamento se incluyó el 14 de mayo de 1942, un artículo que disponía: “se vigilará escrupulosamente a los gitanos”, ya que: “esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, se traslada con mucha frecuencia de un punto a otro en que sean desconocidos”. De esta forma, la movilidad gitana acabó siendo el denominador común de la represión, tanto en el aspecto sanitario, como en el de orden público, donde quedaba justificaba la conveniencia de “tomar de ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos de caballerías o de otra especie”. De esta forma, el gitano, como siglos atrás, continuó naciendo como un potencial delincuente, que allá por donde iba, le acompañaba la presunción de culpabilidad delictiva, como también de contagio, al culpabilizársele de su propia falta de higiene individual. Unos estigmas que acabaron justificando la exclusión social y la consolidación de la subalternidad gitana. Como consecuencia, siguieron apartados, al margen de las decisiones políticas y de los avances socioeconómicos que tendrían lugar en los años sesenta.




[1] JIMÉNEZ LUCENA, Isabel. "El tifus exantemático de la posguerra española (1939-1943). El uso de una enfermedad colectiva en la legitimación del «Nuevo Estado»”, en Dynamis, Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Rlustrandam. Vol. 14, 1994, p. 193. Palanca fue consciente de que el estado sanitario del país no era “algo aislado y sin conexión”, sino consecuencia de “su situación social y económica”. En PALANCA MARTÍNEZ-FORTÚN, José Alberto. “Hacia el fin de una epidemia”, en Semana Médica Española, V.IV, pp.432-440. 1941.
[2] Hay que tener también en cuenta, que terminada la guerra se inició una extensa depuración de organismos y personas, incluso con efecto retroactivo, que acabaron llenando los campos de concentración y las prisiones para su castigo y adoctrinamiento político-religioso, y en donde las deplorables condiciones higiénicas incidieron en la propagación de todo tipo de enfermedades infecto-contagiosas.
[3] FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, María Dolores y DE LA FLOR HEREDIA y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio, Mónica. El pueblo gitano en la guerra civil y la posguerra. Andalucía Oriental, Asociación Romí, 2009, p. 144.
[4] Ibídem, p. 141.
[5] Ibídem, p. 140. Juan Heredia refiere algo similar, cuando estando con su primo recogiendo membrillos, unos civiles les ordenaron que se presentaran en el cuartel, donde le preguntaron si llevaba una vara. Al responder afirmativamente, le dijeron: “entonces, cógela y pégale -a su primo-”, a lo que se negó, con lo que los guardias civiles emprendieron a dar de palos a ambos. En Ibídem, p. 135.
[6] Ibídem, p. 130. Juan García Cortés corrobora estas prácticas de la Guardia Civil: “no podíamos salir ni a vender una canasta, porque si nos encontrábamos en el camino con la Guardia Civil, nos daban un par de guantazos y nos hacían que volviéramos a nuestra casa. Nos pedían los papeles, nos preguntaban a dónde y para qué íbamos; y si no les gustaba algo, pues nos llevaban al cuartel, hasta que un señorico con el que habíamos trabajado venía a sacarnos de allí. En Ibídem, p. 129.
[7] Sobre este tema se puede consultar el artículo de DONCEL, Carmen, “Cuando Franco quiso mandarnos a Fernando Poo. Miedos y esperanzas en la memoria de un hombre gitano”, en Historia y Política, nº 40, p. 151. pp. 147-177. Dirección web https://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp/article/view/60327/41341
[8] Este partido surgió de la fusión de la Falange con las Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas-JONS, que a la postre sería el único movimiento político admitido durante el franquismo.
[9] Dentro del capítulo dedicado a los “delitos contra la dignidad y el interés de la Patria”, se proponía castigar con pena de presidio los “actos contrarios a la raza española”, como “el matrimonio con persona de raza inferior”. En MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel. “La salvaguarda de la raza española durante la Guerra Civil. El anteproyecto de Código Penal de 1938”, en Historia de los gitanos españoles (01/04/2018). Consultado el 6 de mayo de 2019.
[10] MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel. “Los gitanos, chivos expiatorios de las epidemias que afligieron a España”, en Historia de los gitanos españoles (16/03/2010). Dirección web http://adonay55.blogspot.com/2020/03/los-gitanos-chivos-expiatorios-de-las.html.
[11] “Inspección provincial de Sanidad. Vacunación antivariólica. Circular”, en Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, nº 45 (16/04/1938), p. 2.
[12] “Gobierno Civil. Sanidad. Vacunación antivariólica”, en Boletín oficial de la provincia de Palencia, nº 34 (20/03/1939), p. 2.
[13] En Granada, su Gobernador Civil, dispuso además, que en caso de que “no lo estuvieren, sufrirán esta práctica de inmunidad en el pueblo más próximo”. En “El certificado de vacunación antivariólica será exigido”, en Patria: diario de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, nº 737 (15/12/1939), p. 5.
[14] “Campaña de despiojamiento”, en Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, nº 145 “04/12/1939), p. 2.
[15] “Sanidad. Bando”, en Boletín Oficial de la Provincia de Almería, nº 154 (12/07/1941), p. 1. Con anterioridad, en mayo de 1940 ya se había restringido la libertad de movimiento de los “gitanos y los vagabundos” que no portaran “la documentación sanitaria precisa”. En “Prevenciones contra la viruela”, Boletín Oficial de la Provincia de Almería, nº 8 (11-1-1940), p. 1.
[16] JIMÉNEZ LUCENA, Isabel. "El tifus exantemático…, p. 195.
[17] FRANCO, Francisco. Discurso ante el Instituto Nacional de Previsión el día 27 de marzo de 1942. Cit. por JIMÉNEZ LUCENA, Isabel. "El tifus exantemático ...", p. 196.
[18] ROTHEA, Xavier. Construcción y uso social de la representación de los gitanos por el poder franquista, 1936-1975 en Revista Andaluza de Antropología, 7, 2014, pp. 7-22. Disponible en http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n7/rothea.pdf., p. 12.

lunes, 16 de marzo de 2020

Los gitanos, chivos expiatorios de las epidemias que afligieron a España

Los gitanos, a través de la Historia, han sido objeto de repulsión y desconfianza. Han sufrido directamente las consecuencias derivadas de las crisis sanitarias provocadas por epidemias como la peste. Acusados de innumerables males, su presencia era vedada en cada ocasión que se declaraba esta mortífera enfermedad. Así ocurrió por ejemplo en Lorca, cuyo cabildo, al constatar cómo un numeroso grupo de gitanos había acudido a la celebración de la fiesta del Corpus, acordó el 7 de julio de 1601 bajo el pretexto del riesgo de contagio, “que los gitanos de esta ciudad se salgan de ella”, para lo que se concedió un plazo de dos días, “porque si así no se hace y cumple, serán causa los dichos gitanos de que esta ciudad enferme de pestilencia”. Una precaución que en realidad escondía el verdadero motivo: el de evitar “otros grandes inconvenientes que traen consigo”. Una presunción basada en los prejuicios negativos que habían venido difundiéndose a lo largo de todo el siglo XVI, y que posteriormente seguirían siendo difundidos por arbitristas y procuradores en Cortes.
De esta forma, de la identificación del gitano como transmisor de enfermedades, se acabó pasando a relacionarlo con todo mal contagioso existente, haciendo que el gitanismo en sí mismo, pasara a ser un tipo de enfermedad que debía ser combatida y extirpada. Surgieron así diversas propuestas encaminadas a atajar la difusión de la enfermedad.
Entre otros planteamientos y memoriales, podemos citar dos casos bien significativos. El primero, inserto en el memorial del sacerdote Manuel Montillo de Salas, elevado al rey en mayo de 1674, pretendió explicar el fracaso de las leyes antigitanas promulgadas hasta entonces, pidiendo se tomaran las medidas oportunas:
“A mí me parece que cuando se hicieron dichas leyes se consideraron estos daños, y poco fruto o ninguno de esta gente; y ahora con más fuertes razones, instan los mismos daños y peligros, para que Vuestra Majestad cuando no por lo grande de mi persona que le da este aviso que del servicio de Dios nuestro Sr. y de Vuestra Majestad, sino por las causas justas que le asisten y conveniencias de estos reinos y de vasallos de Vuestra Majestad, se sirva de poner el remedio conveniente en atajar este contagio y peste de esta gente en estos reinos que yo ofrezco como indigno sacerdote rogar a su divina majestad, en quien confío que disponga lo que convenga a su santo servicio, y en mis pobres sacrificios y oraciones por Vuestra Majestad como dichas y obligación de todos los sacerdotes, para que encamine los ánimos de los del Consejo de Vuestra Majestad al eficaz remedio de todo”.
El otro botón de muestra lo dio la Junta de Gitanos que se convocó en septiembre de 1749, a fin de decidir lo que se había de hacer con aquellas víctimas gitanas capturadas con ocasión de la Gran Redada de ese año. Analizada  la situación, se reconoció el exceso que se había cometido con todos aquellos que habían “vivido arreglados”; si bien, siguió reafirmándose en que “todos los gitanos y gitanas son peste de la república por sus vicios y malas inclinaciones, sin sujetarse por regla general a una vida cristiana y útil”.
Mujeres gitanas presas en Les Corts
Aún en el siglo XX, los gitanos siguieron estando en el punto de mira de cuantas campañas de prevención se establecían, sin dejar de tratarles como unos apestados, a los que había que controlar y practicar medidas profilácticas de carácter sanitario. Por ejemplo, por una circular del Gobernador Civil de Albacete publicada en 1918 en el Boletín Oficial de aquella provincia, se dictaron reglas para evitar la propagación del tifus exantemático, para lo que se creaba un servicio especial de “vigilancia de los pordioseros, vagamundos, gitanos, emigrantes pobres y gentes ambulantes desaseadas”.
También, en ese mismo año, el foco de la gripe española que asoló Zamora, fue achacado injustamente a una familia gitana, concretamente a “un gitanillo atacado de viruelas", a cuya puerta se colocó un cartel de aviso. También, tras la finalización de la Guerra Civil, desde noviembre de 1939 y bajo el pretexto de combatir el tifus exantemático, los gitanos fueron objeto de redadas para ser internados en centros que no cumplían las mínimas condiciones para su estancia y tratamiento (Ver https://www.publico.es/politica/memoria-publica/franquismo-racismo-franquista-dictadura-ordeno-despiojar-gitanos.html). Una disposición que el Gobernador de Palencia justificó entonces, por el hecho de ser gente vagabunda y descuidada en “su limpieza personal o familiar”, que por “su frecuente caminar, de uno a otro rincón, pueden ir sembrando su paso de piojos, si en su vivir andariego no rinden el culto debido al agua y al jabón”.
De esta forma llegamos a la actualidad, donde la Historia nos sigue pisando los talones. Buena muestra de ello es la crisis del COVID-19, el llamado coronavirus, el cual vuelve a resucitar y empozoñar viejos fantasmas (Ver https://www.newtral.es/la-guardia-civil-niega-que-un-grupo-de-vecinos-gitanos-de-haro-hayan-rechazado-seguir-los-protocolos-de-sanidad/20200310/)

PARA AMPLIAR: “ODIO ANTIGITANO. El COVID-19 y el virus del racismo”, en https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31328/coronavirus-racismo-gitanos-haro-rromani-pativ.htm

domingo, 8 de marzo de 2020

Agosto de 1752, las gitanas protagonizan una de las primeras huelgas de trabajo realizadas en España por mujeres

Cuando en el siglo XVIII se comenzaba a vislumbrar cambios significativos en la posición, presencia y relaciones sociales de las mujeres en ámbitos como la lectura, la escritura o la sociabilidad, las mujeres gitanas debieron desplegar en cambio, todo un repertorio de estrategias de supervivencia, especialmente cuando fueron víctimas del proyecto de exterminio biológico de 1749. Un acontecimiento que significó la pérdida de su libertad, de su familia y hasta de su identidad gitana.
El origen de esta drástica medida, basado en el intento de eliminar de “raíz” al pueblo gitano de la sociedad española por medio de la separación forzada de hombres y mujeres para evitar su reproducción, se justificó en base del estereotipo negativo que empezó a acuñarse desde la segunda mitad del siglo XIV, y que la misma Corona había reforzado a través de numerosas disposiciones asimiladoras y represoras, con las cuales estigmatizó y criminalizó su forma de vida, convirtiendo a este colectivo étnico y cultural, en el chivo expiatorio de la mayor parte de los males que aquejaron a la España de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Dicho proyecto de exterminio dio comienzo con la redada efectuada la noche del 30 de julio de 1749. En total, alrededor de nueve millares de personas gitanas fueron presas y encerradas en lugares improvisados con todo tipo de carencias y padeciendo todo tipo de enfermedades, en espera de los destinos que el rey determinara darles.
Los varones -de siete años arriba-, por indicación de Ensenada pasaron a los arsenales peninsulares como peones del plan de revitalización de la Armada emprendido por el marqués; las mujeres con sus hijos menores de siete años, quedaron en primera instancia en lo que se llamó “depósitos provisionales”, en espera de un destino, pues Ensenada, desbordado por la improvisación, no había previsto dónde instalarlas.
Gitana hilando junto a una cueva del Sacromonte.
La Ilustración Española y Americana, 1880. Colección M. Martínez
Durante la prolongada estancia en estos centros de detención, las mujeres sufrieron todo tipo de calamidades, donde el hambre, las enfermedades y la desesperación fueron la nota predominante. En el caso de las andaluzas, padecieron un cruel periplo que les llevó a recorrer diferentes ciudades hasta quedar en Málaga, de donde tras más de dos años de estancia, 652 mujeres y niños pequeños fueron embarcadas con destino a Tortosa, para desde allí, dirigirse a Zaragoza y quedar recluidas en la casa de misericordia “Nuestra Señora de Gracia”, en un edificio especialmente construido para ellas, al objeto de mantenerlas separadas del resto de personas asiladas. Si bien, en ocasiones se les permitiría a las muchachas gitanas, compartir en los talleres, amistad y trabajo con las pobres de la Casa, hasta que incomodado el vicario de la institución ante “la desenvoltura” con que se trataban unas y otras, se empeñó desde octubre de 1756 en impedir su comunicación en el patio los días de fiesta; y, aunque entonces no logró su propósito, finalmente en mayo de 1760, consiguió que la Junta Rectora de la Casa, considerara poco “conveniente su trato” con el resto de mujeres, incluso durante el horario laboral, con el ánimo de contrarrestar la “insubordinación ideológica” que las gitanas emplearon a partir de rumores, chismes, canciones, gestos, parodias y burlas chistosas utilizadas con el fin de socavar la autoridad de los regidores y demás responsables de su custodia.
La jornada de trabajo impuesta a estas mujeres, cumplió un régimen rígido y cotidiano que pretendió mantenerlas ocupadas el mayor tiempo posible, en base a la idea de que la ociosidad era el origen de un innumerable número de males y amenazas para el orden social. Para su control, se les asignaron “personas a propósito” para aplicarles “blandamente (…) a un leve trabajo”, y aprender así un oficio con el que poder obtener pequeños ingresos y “alguna utilidad a la Casa” con la que contribuir a su manutención.
El regidor Juan Terán fue el primero en emplearlas en hilar lana y cáñamo a cambio de una “gratificación de cuatro dineros al mes a cada una”. Sin embargo, esta pequeña remuneración supuso un agravio comparativo respecto al resto de las mujeres de la Casa, por cuanto esta cantidad era sensiblemente inferior a la que recibían las “pobres” por el mismo trabajo; y, aunque las gitanas protestaron, se mantuvo dicha diferencia, creando tal descontento, que cuando en agosto de 1752 se atrasó dicho pago, se produjo un fuerte alboroto de quejas y negativas a trabajar, que solo fue sofocado con la promesa de darles “con puntualidad la gratificación que les compete por lo que trabajen, sin quitarles cosa alguna”.
No sería el último motín que protagonizarían estas mujeres, más bien podemos decir que el motín se convirtió en cotidiano, como parte de una estrategia de resistencia, que buscaba el desaliento de la Junta Rectora de la Casa y su ruina económica a través de continuos destrozos en ropas, vajilla, mobiliario etc. Una actitud que dicha Junta intentaba cortar por medio de la retirada de incentivos económicos o castigos como el llevado a cabo en agosto de 1757, cuando se separaron a las muchachas de sus madres, por creer que esta incomunicación sería más efectiva que cualquier castigo corporal o retirada de privilegios. Las gitanas, aunque volvieron a amotinarse y dejar de trabajar,
los regidores se mostraron inflexibles durante casi una semana, hasta que las muchachas, sintiéndose “oprimidas y sin comunicación”, decidieron disculparse por “su exceso y lo mal que habían obrado”, suplicando volver a su habitación y trabajar con la misma gratificación mensual que recibían, además de “alguna cosilla de poca entidad, sin gravar a la Casa”. También las gitanas adultas pidieron “perdón de sus excesos y en el obrar”, prometiéndole al marqués “estar siempre obedientes” y trabajar, cediendo incluso “la mitad de lo que trabajasen a beneficio de la casa”.
Esta sumisión consistió no obstante en una estrategia más, que respondió a la dinámica estructural de recompensas y castigos, en la que en ocasiones, es más prudente consentir superficialmente en espera de mejores tiempos. Así, aparentemente arrepentidas, la incomunicación quedó revocada y se recuperó el contacto personal entre madres e hijas. No pasaría mucho tiempo para que los regidores pudieran comprobar cómo las gitanas volvían a recuperar sus deseos de “volver a su libertad” y mostrarse “tan resueltas y aun despechadas” como antes; de tal forma, que era “raro el día” que no cometían “uno u otro atentado”.
La siguiente reivindicación laboral consistió en la exigencia de que se les abonase en efectivo, la cantidad que la casa de misericordia recibía del rey para su manutención. Una pretensión que fue considerada como “disparatada” por los regidores, pero que en el fondo, obedecía al intento de conseguir independencia económica para gastar estos ingresos en lo que les apetecieran. Aunque escasos, estos incentivos, les proporcionaron una pequeña autonomía económica, pero también, contribuyeron a un aumento de su autoestima, conscientes de sus buenas capacidades hacia el trabajo y la alta productividad que resultaba de su quehacer. Una labor que finalmente fue reconocida, al permitirles emplearse en la confección del vestuario de los pobres de la Casa, para lo que hubo de aumentarse el espacio y el número de telares de lana y paños bastos, con tan buenos resultados, que meses más tarde se permitió que “las pobres de la casa” instruyeran a las muchachas; y que, la Compañía de Comercio, satisfecha porque “estas chicas se disponían bien”, pidiera se les devolviera la gratificación que se les había retirado y darles ropa más adecuada. Sin embargo, la Junta Rectora solo aceptó darles “alguna cosa” y pagarles los cuatro dineros que cobraban anteriormente, cantidad sensiblemente inferior a los veinte reales mensuales que recibían las muchachas pobres de la Casa, con lo que consolidaba una explotación laboral que se mantendría hasta el final del cautiverio.

Los éxitos obtenidos por medio de su actitud contestataria, acabaron haciéndoles tomar conciencia de cómo de forma colectiva, podían consolidar los derechos derivados de su trabajo y de sus demás obligaciones. Así, en su continua reivindicación por salvaguardar su identidad étnica, su trabajo digno y sus valores culturales, lograron crear una complicidad que afianzó su espíritu de superación, su autoconfianza y la solidaridad grupal; de tal forma, que cada uno de los actos individuales de rebeldía acabó convergiendo en un proceder mancomunado, sin que las represalias económicas y corporales pudieran impedir la experiencia liberadora que suponía su indocilidad, expresión de su reivindicación para la recuperación de su dignidad, de su libertad, de su familia y de su modo de vida.

FUENTE: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel. "Clamor y rebeldía. Las mujeres gitanas durante el proyecto de exterminio de 1749", en Historia y Política, nº 40, pp. 25-51.

Para saber más:

domingo, 1 de marzo de 2020

DECLARACIÓN DE LUIS MALLA, FORZADO EN LAS MINAS DE ALMADÉN, ANTE EL JUEZ VISITADOR MATEO ALEMÁN (1593)

DECLARACIÓN DE LUIS MALLA, FORZADO EN LAS MINAS DE ALMADÉN, ANTE EL JUEZ VISITADOR MATEO ALEMÁN (1593)

Por la puerta de la izquierda, los forzados accedían
a las minas desde la cárcel. Foto M. Martínez
“En lo que toca al trabajo que se les da ahora de presente, no es demasiado, porque trabajan de sol a sol y a medio día se les da una hora de holgar, y aún dos para que coman y descansen. Y que habrá más de tres años que éste que declara conoció en la dicha fábrica un capataz que se llamaba Luis Sánchez, que era de Chillón, a lo que cree este testigo, el cual vio que daba demasiado trabajo a los dichos forzados y les hacía que trabajasen en los tornos de agua, que es el trabajo mayor que hay en la dicha fábrica, y les hacía sacar entre cuatro forzados 300 zacas de agua sin cesar, y al que ellos se cansaba antes de cumplir la dicha tarea y acabar de sacar las dichas 300 zaques de agua, los sacaba fuera de la dicha mina y los hacía azotar cruelmente a la ley de la vayona con un manojo de mimbres hasta que se quebraban los mimbres y les saltaba la sangre. Y en especial vio este testigo que a un forzado que estaba en la dicha fábrica que se llamaba Domingo Hernández, que era de Castilla la Vieja, no se acuerda este testigo de qué lugar, el cual tenía la boca llena de llagas muy dañadas del azogue y humo, de manera que porque no se le cerrase la boca, traía de ordinario en ella un canuto de caña, y no podía comer sino muy poca cosa por no poderlo meter en la boca, y andando el dicho Domingo Hernández en los dichos tornos del agua trabajando como hombre flaco y falto de virtud desmayo, y el dicho capataz Luis Sánchez, lo sacó fuera dos veces en un día y lo azotó cruelmente, porque aunque este testigo le oyó decir al dicho Domingo Hernández y a las demás personas que a la sazón estaban en la dicha fábrica, y fue público y notorio en ella, y el dicho Domingo Hernández dijo a este testigo y a los demás forzados, estando en la cárcel de la dicha fábrica que pidiéndole al dicho Luis Sánchez que no lo matase por amor de Dios, respondió: vos pagaréis aquí en este mundo y yo lo iré a pagar en el otro; y mientras el dicho el dicho Luis Sánchez fue vivo pasaron mucha malaventura los dichos forzados, y queriendo arrendar los tornos algunos trabajadores para sacar el agua, el dicho capataz Luis Sánchez no lo consentía, sino que los tirasen los forzados, y este testigo le conoció ser capataz y mandar en la dicha fábrica tiempo de un año poco más o menos, y ha oído decir este testigo públicamente que estuvo mucho tiempo, y a este testigo el mismo día que vino a la dicha fábrica lo metió a tirar el torno, y porque no lo acertó a tirar, como no sabía, como nuevo (que era), lo sacó afuera y lo azotó con unos mimbres a la ley de la vayona”

FUENTE: BLEIBERG, Germán (1977). “El informe de Mateo Alemán sobre el trabajo forzoso en las minas de Almadén”. Estudios de Historia Social; p. 397.






COMENTARIO:
Las minas de Almadén, explotadas desde muy antiguo, se reactivaron en 1554 con el descubrimiento de plata en América y la aparición del método del patio para la amalgama del azogue. A partir de 1566, la explotación fue arrendada por la Corona española durante más de un siglo a la familia Fugger, unos banqueros alemanes que fueron conocidos en Castilla con el nombre de “Fúcares”. Entre otras ventajas, se les autorizó a aprovecharse de la mano de obra barata que ofrecían los reos que eran condenados a galeras por los diferentes tribunales. Un contingente que aumentaba o disminuía en función de las necesidades del azogue.
Las condiciones del trabajo que debían realizar los forzados eran tan duro y peligroso, que el mismo Consejo Real tuvo reparos en 1570 a mantener el envío de galeotes a Almadén, dado que a dicho Consejo le constaba el “riesgo de la salud y de la vida con que sirven los reos condenados a la mina de Almadén”; motivo por el que determinó que no cabía “en los términos de justicia, alterar a los reos la pena que tienen ejecutoria”, ya que habían adquirido el derecho de no conmutárseles una pena considerada menor por otra mayor, como era el caso de la de Almadén.
Entrada a la galería llamada "Caña gitana", una denominación
que revela una importante presencia gitana en las minas
Foto M. Martínez
Desde fechas tempranas, la presencia gitana fue constante. Sabemos que en 1567 se recibió en Almadén, una cadena de cinco galeotes procedentes de la cárcel de Toledo. Más tarde, en 1593, Mateo Alemán, en su visita a las minas halla tres gitanos entre los 14 forzados existentes. Uno de ellos, Francisco Hernández, es el que se encuentra en peores condiciones de todos los galeotes existentes. Tan mal estaba que ni siquiera le pudo interrogar, por parecer “estar tonto y fuera de juicio”, lo que no era nada extraño dadas las extremadas condiciones de vida en que se desenvolvían sus condenas, prácticamente unas penas de muerte en diferido.
Normalmente, los forzados trabajaban de sol a sol, excepto cuando se les alargaba la jornada laboral en perjuicio de su descanso. Sin embargo, lo peor de la estancia en Almadén no era el duro trabajo, sino el riesgo que para la salud comportaba, el realizarlo en unas pésimas condiciones. Efectivamente, el trabajo en un yacimiento de azogue no mejoraba al del remo de las galeras, pues además de arriesgado y penoso, era completamente nocivo para la salud, especialmente a través de la inhalación de los vapores del azogue, que hacía enfermar mortíferamente a los forzados; y en el mejor de los casos, alteraba su sistema nervioso, provocando temblores en todo el cuerpo y la pérdida de la razón.
En 1644, los Fugger construyeron un túnel que comunicaba la vieja cárcel de forzados con la mina del pozo. Desde ese momento, éstos no volvieron a ver la superficie ni respirar aire puro. En 1749, con ocasión de la redada general de gitanos, los que en ese momento se hallaban en las minas, quedaron retenidos hasta que fueron indultados años después. Finalmente, el 22 de mayo de 1799, el rey Carlos IV accedió a la propuesta formulada desde la Junta de Gobierno de las Minas, para no admitir ningún otro condenado a los trabajos de éstas.

sábado, 1 de febrero de 2020

CONSULTA DEL CONSEJO DE LA MESTA AL REY, SOLICITANDO MEDIDAS CONTRA LOS GITANOS (1628)


Una de las calamidades mayores es la de los gitanos que, divididos en tropas, toman los ganados consumiendo para sí lo que han menester y vendiendo los que les sobra con la misma seguridad y libertad que si fueran propios y aunque para ocurrir a este daño se han dado comisiones generales a los alcaldes entregadores y otros ministros de la Mesta para que cada uno pueda proceder en su distrito contra gitanos, y seguirlos fuera de él, y ordenado a todas las justicias miren al bien universal de la seguridad y la paz de estos reinos, ha parecido consultar aparte a Vuestra Majestad en este punto como tan sustancial para que sobre todo provea Vuestra Majestad lo que más fuere de su Real servicio.





COMENTARIO:

Entre las principales acusaciones que recayeron en el gitano en la primera mitad del siglo XVII halla la de robar ganado. Así se empeñaba Sancho de Moncada en indicarlo: “Y aunque son inclinados a todos los hurtos, el de las bestias y ganados le es más ordinario; y por esto los llama el derecho Abigeos, y el español cuatreros, de que resultan grandes daños a los pobres labradores; y cuando no pueden robar ganados, procuran engañar con ellos, siendo terceros en ferias y mercados”. También las Cortes, en sesión del 26 de enero de 1624, los incriminaron asegurando que producían “grandes e intolerables daños”. Unos perjuicios que eran resultado de “su habitación y modo de vivir”, basado en “robos e insultos”, no hallándose seguros los ganados, aun más cuando con toda libertad, los gitanos se presentándose en las ferias y vendían “los que han hurtado o los truecan”.
Esta acusación de cuatreros y ladrones de bestias, también fue compartida por la Mesta, una organización que detentaba un gran poder dentro de la Corona de Castilla, por hallarse estrechamente relacionada con intereses económicos relacionados con la ganadería, la artesanía textil, la exportación de lanas y la agricultura. Unos lucrativos negocios que justificaron una política de apoyo a la Mesta, especialmente a través favores jurídicos y otras medidas para primar el desarrollo ganadero.
Una de estas prebendas consistió en la autorización por parte del poder real, del nombramiento de alcaldes entregadores, con potestad para controlar las actividades de grupos marginados, y de gitanos en particular.
A pesar de la represión que se ejercía sobre el Pueblo Gitano en España, nuevas consultas se dirigieron al Consejo de Castilla en este sentido, siendo el año de 1633 pródigo en ello, primeramente en 10 de febrero incidiendo en los daños que sufría la Mesta; y poco después, el 4 de marzo, en la petición de nuevas medidas “para ocurrir a las invasiones y latrocinios que hacen -los gitanos- en los lugares”. Una empresa que precisaba de la concesión de comisiones a todas las justicias, a fin de que pudieran proceder contra éstos “y prenderlos fuera de su distrito”, concediendo la misma jurisdicción a los alcaldes entregadores de la Mesta. Igualmente, se pedía prohibir a los gitanos el uso de su traje, lengua, forma de vida, tratos y ocupaciones; así como, el abandono de las “gitanerías” o barrios gitanos, para forzarles a mezclarse con el resto de la población. Una propuesta que se alejaba de la expulsión que año y medio antes estuvo a punto de consumarse. La razón de este cambio estrategia no pudo ser más práctica, por cuanto dicho destierro se consideraba improcedente, dada “la despoblación en que se hallan estos reinos después que salieron los moriscos, y la que causan las necesidades presentes -epidemias, agricultura en crisis, guerras, colonización americana, etc.-. Circunstancias que desaconsejaban toda “evacuación por ligera que sea”, aún más cuando se mantenía el error de creer que “esta gente que no son gitanos por naturaleza, sino por artificio y bellaquería”, confiando que “enmendándose, se reducirían a la forma de vida de los demás”. Unas convicciones que quedaron plasmadas en la Pragmática que se publicaría el 8 de mayo siguiente.
Dicha disposición acabó suponiendo un triunfo para la Mesta y el arranque de una nueva política de asimilación represiva, por la que desaconsejada la expulsión, se pretendió borrar la identidad gitana imponiendo el mestizaje con el resto de la población, así como con la eliminación de todo distintivo que pudiera identificársele como tal gitano. En consecuencia, se proscribió su lengua y el traje; incluso, el mismo nombre de gitano, el cual se consideró desde entonces una injuria sancionable[1], denominándoseles a partir de entonces con el eufemismo de castellanos nuevos. Las penas, en caso de contravención, continuaron siendo las de azotes, galeras, vergüenza pública y destierro; si bien, en el caso de las mujeres, la pena de servir al remo fue conmutada por la reclusión en las llamadas galeras de mujeres, azotes y destierro.



[1] Ya en la consulta del 4 de marzo se había propuesto que “el llamar uno a otro gitano, se tenga por palabra de injuria y como tal se castigue, y que ni en las danzas ni en ningún otro acto alguno se permita acción ni nombre de gitano, y las justicias atiendan con mucho recato a ver la ocupación y forma de vida que siguen, si se comunican o hacen juntas, si se casan entre sí o cumplen con la solemnidad del Sacramento, si bautizan los hijos, de que podrá tomar noticia por los curas”.

viernes, 10 de enero de 2020

ROSA CORTÉS. POR LA REPARACIÓN HISTÓRICA DEL PUEBLO GITANO

Rosa Cortés
Rosa Cortés nació en Vélez Rubio (Almería), aproximadamente por el año 1726. Contaba por tanto unos 23 años de edad cuando fue capturada con ocasión de la redada de 1749.  Estaba casada por entonces con Ginés Fernández, a quien por las directrices del marqués de la Ensenada se le destinó al arsenal de La Carraca, siendo probablemente uno de los dos centenares de gitanos, que en enero de 1752 fallecieron en el trayecto entre aquel arsenal y el de El Ferrol (La Coruña), ya que al año siguiente, Rosa declaró que se hallaba ya viuda.
Su calvario comenzó nada más ser trasladada desde su pueblo hasta Almería, donde quedó recluida en su alcazaba. Una vez reunidas las mujeres y niños menores de siete años de toda la jurisdicción de esta ciudad, fue enviada  a la Alhambra de Granada ,y posteriormente a Málaga, por haber dispuesto Ensenada crear en ella, lo que denominó “depósito” de mujeres, un lugar de concentración en el que debían esperar las gitanas a que se les diera un destino definitivo.


Durante dos largos años y medio, Rosa y sus compañeras de cautiverio fueron pasando por diferentes puntos de Málaga, todos ellos inadecuados para concentrar a más del millar de personas que llegó a albergar. Ni la alcazaba ni los barrios como El Perchel, pudieron asegurar una estancia cómoda, como tampoco una seguridad que evitara sus continuos intentos de fuga. Finalmente, ante las quejas del intendente y del ayuntamiento malacitano, el ministro acabó disponiendo el 8 de julio de 1752, el traslado de todas las mujeres que aún se hallaban en los depósitos de Palencia y Málaga, a la Casa de Misericordia de Zaragoza, en donde les aguardaban otros dos centenares de mujeres y niños (se hallaban en ella desde primero de mayo de ese año).
Dada la orden de embarcar a las 553 mujeres que subsistían en Málaga, el 18 de agosto, comenzó la singladura sobre tres buques en dirección a los Alfaques de Tortosa, a donde arribaron los días 22 y 23 de ese mes, y en donde hubieron de esperar la llegada de la tropa que debía custodiarlas en su camino a la capital aragonesa. El 7 de septiembre se emprendió el camino remontando el río Ebro hasta el Salto de Cherta, desde el cual prosiguieron la marcha a pie y en carretas hasta Zaragoza.
Nada más llegar el 13 de septiembre a la Casa de Misericordia, las mujeres dieron muestra de su resolución y se negaron a entrar en ella, reclamando permanecer en el patio. A esta muestra de rebeldía le sucederían otras muchas dentro de una estrategia de resistencia, por la que se pretendía hacer costosa e insoportable su permanencia, tanto para los regidores como para las arcas del Estado.
Los actos de sabotaje a la infraestructura de la Casa e intentos de fuga, al margen de los destrozos deliberados en ropa, vajilla y mobiliario, fueron frecuentes. Uno de ellos, en el que más de medio centenar de mujeres logró evadirse la noche del 12 de enero de 1753 (casi todas fueron capturadas al poco tiempo), tuvo a Rosa Cortés como cabecilla de la intentona. Su plan era sencillo, abrir un boquete en la pared de la sala que servía como dormitorio y que daba a la calle, lo suficientemente grande como para poder traspasarlo. Con toda la paciencia del mundo, durante las noches, cuando todos estaban durmiendo, apartaba el jergón sobre el que se acostaba y con sólo un clavo y agua, tal como ella misma declaró una vez que fue apresada:

“pudo haber y arrancar (el clavo) de unos maderos, y para hacerlo con más facilidad y brevedad, echaba agua en la pared, que es de tapia, y con esto se ablandaba la tierra y pudo hacer más prontamente dicho agujero y quebranto”

Acto en el que se presentará la Plataforma
Aunque quiso asumir la responsabilidad de la acción, para que no fueran castigadas las demás mujeres, delató a tres compañeras que los regidores de la institución benéfica consideraban mujeres de confianza, las que entre otros cometidos cumplían tareas como las de hacer compras y recados en la ciudad, pero sobre todo, la de ejercer de celadoras “sobre las otras e hiciesen la visita de ella por la noche, antes de recogerse a dormir". Un cometido por el que las demás mujeres debieron tenerles cierta inquina. Posiblemente, detestadas por ello, Rosa las incriminó afirmando que las tres “fueron conscientes y cómplices” en la fuga.
Esta es la última noticia que tenemos de Rosa Cortés. A partir del 31 de marzo de 1753 nada volvemos a saber de ella, pues no figura como actora en incidentes posteriores ni en ninguna de las licencias de libertad concedidas desde 1754. Aunque caída en el olvido como el resto de sus compañeras de cautiverio, su nombre e historia ha sido rescatada para erigirla como representante de todas las víctimas del Proyecto de Exterminio emprendido entre 1749 y 1765. Una elección que se justifica por el valor y resolución que mostró en la lucha por su propia libertad y la de sus compañeras. Es por todo ello que la “Plataforma Rosa Cortés” se ha constituido para continuar esa lucha y reivindicar la necesaria y urgente reparación del Pueblo Gitano para dignificar su memoria histórica.
M. Martínez

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS HISTÓRICOS QUE VIVIÓ ROSA CORTÉS, VER: https://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp/article/view/59925/41328

miércoles, 1 de enero de 2020

DICIEMBRE DE 1572. LA PRIMERA GRAN ORDEN DE CAPTURA DE GITANOS

“y porque somos informado que en estos reinos y en mucha parte de ellos, no embargante lo que por leyes y pragmáticas nuevas y viejas está proveído cerca de los que se dicen gitanos, hay mucho número de ellos, ordenaréis a los dichos vuestros alcaldes mayores, que procuren con gran diligencia de prender y tener a buen recaudo los que en su jurisdicción y distrito hallaren. Y de los que así prendieren o trajeren presos, nos envíen relación para que así en esto como en lo demás, se dé la orden que se ha de tener, que en ello nos tendremos de vos por muy servido”

 


Batalla de Lepanto. El mayor combate de galeras de la Historia



COMENTARIO:

La Cédula Real de 19 de diciembre de 1572 por la que Felipe II mandó echar a galeras a los hombres gitanos que se hallaran vagabundos, no puede entenderse sin asociarla a la existencia de un estereotipo negativo antigitano y a las pérdidas de vidas humanas sufridas en la batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571). Respecto a la primera cuestión: la mala fama de los gitanos alcanzó uno de sus más altas cotas a comienzos de la década de 1570, época en la que ya se hallaban equiparados con figuras penales como la de los rufianes y los vagabundos, tal como se recoge en dicha orden de aprehensión. Esta identificación como elementos delictivos fue una de las causas por la que muchas justicias acabaron generalizando la captura al conjunto del colectivo gitano, estuvieran o no avecindados formalmente. Una tendencia que se complementó con la propia imagen peyorativa que proyectaba los prejuicios acuñados a lo largo del siglo XVI.
En cuanto al combate naval de Lepanto, aunque este episodio histórico representó una gloriosa victoria de la cristiandad, supuso una auténtica catástrofe para los gitanos, no sólo por las vidas perdidas en la batalla y cautividades posteriores para suplir sus pérdidas, sino también por la incidencia que tuvo en el proceso asentador que la corona española había emprendido para eliminar su nomadismo y forma de vida. En efecto, a pesar de que la orden distinguía entre gitanos avecindados y no avecindados, y citar expresamente a estos últimos, por contraventores de la Pragmática de 1499,  como principal objetivo de la captura, la urgencia por llenar los bancos de galeras hizo que muchas autoridades acabaran ampliando el operativo hacia los que se hallaban en posesión de una vecindad consolidada, incumpliendo incluso la instrucción que ordenaba apresar sólo a “los que están en disposición de poder servir”.
La Navidad, la época más festiva y entrañable para los gitanos, acabó convirtiéndose ese año, en una auténtica tragedia para numerosas familias, que se vieron desprovistas de sus hombres más jóvenes y fuertes -la edad media se situó en torno a los 26 años-, por cuanto la operación se centró sólo en aquellos que podían servir en galeras para no ser una carga por su edad y minusvalías. Descabezadas las familias gitanas, mujeres y niños comenzaron a recorrer los caminos que llevaban hacia el apostadero de galeras del Puerto de Santa María, y demás puertos que servían como puntos de embarque de forzados y esclavos. Un fenómeno que Lope de Vega reflejaría en el Arenal de Sevilla -1618- (f. 231 v.-232 r., versos 289-341/  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-arenal-de-sevilla--0/html/ff884a04-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_4_).
Los estudios de Thompson y José Luis de las Heras constatan una proporción de galeotes gitanos superior a la del resto de forzados no gitanos. Un porcentaje aproximado al 10 % según este último, para la etapa comprendida entre los años 1572 y 1573, una alta representación gitana debida a la incidencia que tuvo la Cédula Real de 1572, aún más si tenemos en cuenta una estimación del 0,5 % de población gitana respecto a los siete millones de personas en que se calcula la población total española de aquellas fechas.

MÁS INFORMACIÓN:
“LOS GITANOS EN EL REINADO DE FELIPE II (1556-1598). EL FRACASO DE UNA INTEGRACIÓN”


“La Real Cédula de 19 de diciembre de 1572, la Navidad más amarga de los gitanos” (https://www.antrophistoria.com/2019/12/la-real-cedula-de-19-de-diciembre-de.html?m=0)