Recientemente se ha avivado la polémica en torno a la existencia de
reconocimientos públicos a través de estatuas o nombres de calles, en honor de
personajes con un pasado nada acorde con lo que hoy día conocemos como Derechos
Humanos.
En España contamos
con numerosos personajes que han sido determinantes en la
Historia de nuestro país, pero que al mismo tiempo se implicaron en hechos
que ahora, muchos años más tarde son objeto de debate, sujetos a un
juicio histórico en el que se pide su condena por sus actitudes racistas, genocidas, homófobas, etc. Se
pide no sólo una reparación histórica de sus víctimas y el conocimiento descarnado de la verdad; también
se exige la retirada de los honores reconocidos tanto en vida como después de
su muerte.
La lista de
imputados es larga. En ella aparecen reyes como los
intransigentes católicos Isabel y Fernando; descubridores como Cristóbal Colón;
ministros como el marqués de la Ensenada, reinas regentes como María Cristina
de Borbón y presidentes de gobierno como Prim, O’Donnell, Serrano y Cánovas del
Castillo.
A los Reyes
Católicos se les acusa de haber practicado una limpieza étnica expulsando
a los judíos, de intolerancia religiosa por obligar a los
moriscos a
convertirse forzosamente al cristianismo, y de
iniciar la persecución de los gitanos.
Cristóbal Colón
lo es por esclavizar a los indios e iniciar el genocidio en América, a los que ya en su primer
viaje vio la posibilidad de esclavizarlos, apuntando en su cuaderno de bitácora,
que podrían “ser buenos sirvientes”, siendo suficiente cincuenta hombres
para “someter a todos ellos y obligarles a hacer todo lo que deseara”.
En
cuanto al marqués de la Ensenada, considerado
un superministro, no tuvo reparos en
idear, organizar y ejecutar una gran redada para capturar a todos los gitanos
de España para expulsarlos de ella. Sin embargo, enfrascado en su programa
de reconstrucción naval, consideró más conveniente, aprovechar tanta mano de
obra para construir arsenales y barcos, con los que recuperar para España su
papel de potencia mundial. Para ello, la deportación se convirtió en
esclavitud, ya que sin juicio alguno, los gitanos fueron obligados por vida y
por la fuerza a “servir” al rey. El plan de Ensenada se completaba con un proyecto de exterminio implícito,
pues esperaba que con separación de ambos sexos, se evitaría la reproducción, y
por tanto, con el tiempo, eliminar al Pueblo Gitano como etnia y cultura en
España.
Carlos III liberalizó la trata de esclavos, a partir de cuyo momento, los
particulares catalanes comenzaron a tomar parte activa en el “negocio”,
fletando barcos con los que participaron en el comercio negrero existente entre
los puertos de Europa, África y América.
El general Prim fue partidario del
esclavismo durante su etapa como gobernador de Puerto Rico entre 1847 y 1848, castigando
severamente a los que se rebelaban, incluso ayudó a los daneses de las Islas Vírgenes para
reprimir una sublevación de esclavos. Además,
como capitán general de Puerto Rico aprobó el Código Negro, por el que
restringió los derechos de los negros. Si bien, en sus últimos años acabó
promoviendo la
emancipación de los esclavos en las Antillas españolas.
María Cristina de Borbón, reina regente (1806-1878), con un monumento junto el Casón del Buen Retiro de Madrid, estuvo muy implicada en el tráfico esclavista junto a su segundo marido. A ella rendía cuentas el gaditano Manuel Pastor Fuentes, un coronel retirado en el negocio de la trata de esclavos, y quien implantó la cuota por cada negro introducido en Cuba.
María Cristina de Borbón, reina regente (1806-1878), con un monumento junto el Casón del Buen Retiro de Madrid, estuvo muy implicada en el tráfico esclavista junto a su segundo marido. A ella rendía cuentas el gaditano Manuel Pastor Fuentes, un coronel retirado en el negocio de la trata de esclavos, y quien implantó la cuota por cada negro introducido en Cuba.
Leopoldo
O’Donnell también apoyó
el tráfico de esclavos en su etapa de capitán general de Cuba; durante la
cual ordenó una cruel represión para acabar con la
revuelta conocida como Conspiración de la escalera. Un negocio del que
recibía de los negreros una comisión de 51 pesos por esclavo.
Parecida trayectoria negrera realizó Francisco Serrano durante su etapa de
capitán general de Cuba, durante la cual se enriqueció merced a su colaboración con los traficantes.
Cánovas
del Castillo por su parte, defendió la esclavitud en Cuba y se opuso a su abolición durante
los debates acaecidos en las Cortes entre 1869 y
1870.
Así continúa una extensa relación de dignidades regias,
eclesiásticas, civiles y militares, que muestran la cara oculta que la Historia
oficial se ha encargado de encubrir, pero sin conseguir borrar el
nefasto reverso de estos personajes, a los que de forma
intermitentemente desde muy diferentes sectores, algunos movimientos
reivindicativos y de denuncia emprenden las conocidas Guerras de las Estatuas.
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