El régimen franquista de la postguerra reforzó su poder a través del terror y la propaganda. De esta forma, pretendió convertir a los españoles en un pueblo sumiso, obediente y conformista, para establecer una sociedad uniforme basada en las directrices y principios del nacionalcatolicismo; al tiempo que ejercía una represión contra todos los que se oponían a la dictadura militar. Las detenciones, los juicios con nulas garantías procesales, las depuraciones y las ejecuciones se sucedieron especialmente tras los largos años de la posguerra, durante los cuales, varias personas gitanas fueron llevadas ante tribunales militares por colaborar con la guerrilla antifranquista.
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Dentro de esta
resistencia destacaron numerosas mujeres gitanas, participando a veces en
operaciones tan audaces, como el atentado con paquete bomba realizado en
Granada contra el capitán de la Guardia Civil de esa ciudad. Una acción que
conllevó una fuerte represión en las personas de Manuela Maya Fernández, Mercedes
Romero Robles y Remedios Heredia Flores, todas ellas acusadas de ejercer como
enlaces de la guerrilla.
Esta etapa fue extremadamente dura para los gitanos españoles. Además de la deshumanización y criminalización que sufrían, debieron afrontar el hambre y las múltiples carencias que trajo consigo la guerra, pero también las epidemias que debilitaron a una población malnutrida, sin agua corriente ni electricidad y sin las más mínimas condiciones higiénicas. En estas circunstancias, el gitano fue señalado como un peligroso agente transmisor de enfermedades, lo que incrementó el rechazo y la desconfianza hacia su presencia.
La población gitana quedó encuadrada dentro del
conjunto social de «gentes
con manifiesto desaseo y parasitada habitualmente», es decir, en el grupo de
los «vagabundos, pordioseros y gitanos»,
sobre los cuales debía ejercerse una labor de supervisión, examen, registro, encierro y
aislamiento.
Víctimas también de
una represión cultural, sus costumbres fueron perseguidas y relacionadas con
prácticas delictivas y viles, contrarias al régimen franquista, el cual decretó
en 1941 la obligatoriedad del idioma castellano quedando prohibidas todas las
demás lenguas, incluido el caló, que pasó a ser considerado una jerga
delincuente.
La Ley de Vagos y Maleantes
republicana se mantuvo, pasando a ser un instrumento de represión contra los opositores
al franquismo y los elementos marginales. La represión se le encargó a la
Guardia Civil, en cuyo Reglamento para el
Servicio de mayo de 1943, se le encomendó
la vigilancia y el control de movimientos de las personas gitanas. El gitano,
como permanente sospechoso, siguió obligado a demostrar su inocencia y llevar
en sus desplazamientos todo tipo de documentos para no ser detenidos y puesto a
disposición de la autoridad judicial. Un estricto control que en el gitano creó
un alto grado de recelo, temor y hasta odio hacia los efectivos de este
instituto armado.
También las demás
fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron a los gitanos bajo la estricta
aplicación de la Ley de Vagos, que transformada posteriormente en la Ley de
Peligrosidad Social, siguió sustituyendo el castigo por la educación
preventiva, lo que incluyó al gitano
dentro de un proceso de racionalización criminológica, por el que se le
tipificó como un individuo racialmente primitivo y delincuente, carente de toda
presunción de inocencia.
El final de la
Segunda Guerra Mundial con la victoria de los países demócratas y comunistas,
España quedó aislada, tanto en el ámbito económico como en el cultural y
social. La economía agraria, aun anclada en el siglo XIX, se desmoronó y las
condiciones de vida de los pueblos y aldeas empeoró, abriendo la puerta a una
emigración hacia las ciudades y a antiguas rutas migratorias como Argentina y
Argelia.
El gitano, inmerso
en esta sociedad cambiante, donde la máquina comenzaba a sustituir a los
jornaleros en el campo, se vio abocado también a un éxodo rural hacia las grandes
ciudades, en donde hubo de abandonar sus oficios tradicionales, para pasar a
ser explotado en las grandes ciudades como proveedor
de mano de obra barata y no cualificada en trabajos duros y peligrosos.
Recluidos en barrios periféricos de construcciones ilegales, con deficientes
condiciones higiénico-sanitarias, ausencia de servicios públicos básicos e
incomunicados con las principales áreas de la ciudad, que favoreció la
aparición de procesos segregativos.
El chabolismo
constituyó una respuesta urbana de adaptación a una forma de vida y de economía
en donde el comercio ambulante, la busca o el chatarreo fueron la mejor réplica
a los nuevos tiempos. Las condiciones infrahumanas y de espacio derivadas del
fenómeno chabolista se agravaron por la climatología y por la especulación que
amenazaba a los poblados.
Las
administraciones públicas comenzaron entonces a emprender programas para su
erradicaci
ón, pero sin contar con la opinión de
los propios interesados, a través de realojos en bloques de pisos en
barrios también periféricos, que siguieron
favoreciendo la segregación respecto al resto de la ciudad.
El
fracaso de esta política recayó sin embargo en los propios gitanos, a los que
se les culpó de poseer una nula intención de
«integrarse», de organizarse en clanes, de traficar con drogas. Una
criminalización que los mantuvo bajo la estricta aplicación de la Ley de
Peligrosidad Social.
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